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Miércoles 24 de Febrero de 2010
CCOO y UGT amenazan la paz social con sus manifestaciones
El encontronazo sobre la reforma de las pensiones amenaza con romper el idilio que mantenían sindicatos y Gobierno después de las primeras manifestaciones de la legislatura contra el Ejecutivo, celebradas ayer en Madrid, Barcelona, Valencia y Oviedo. Las dos medidas más polémicas son el retraso de la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, y la ampliación del periodo de cotización que calcula la cuantía de la pensión. Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, advirtieron ayer al Gobierno, en la marcha de Madrid, de que «el futuro de la paz social dependerá mucho del Ejecutivo». Las dos organizaciones han marcado sus líneas rojas en el debate y cualquier amago de sobrepasarlas tiene un precio. Ayer lo dejaron claro: «No merece la pena generar una crispación como la que existe», dijeron, e instaron al Ejecutivo a que «escuche el clamor de la calle y retire su reforma». Como si se tratara de un guión prefijado, antes de estas declaraciones el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se encargó de asegurar a los sindicatos que les va a tener en cuenta en la reforma. «A quienes discrepan les digo que éste es un Gobierno que escucha. Ni ha sido ni es ni será partidario del decretazo [dijo en alusión al Gobierno del Partido Popular], y menos en el ámbito de las relaciones laborales y de la protección social; no. Por el contrario, es un Gobierno del acuerdo social, del diálogo, que piensa en el futuro y, por tanto, llegaremos a un acuerdo [con lo sindicatos] con reformas progresivas», puntualizó Zapatero. El presidente apeló también a la responsabilidad de abrir el debate sobre el futuro del sistema público, «teniendo en cuenta la elevada esperanza de vida de los españoles y que en las próximas décadas se acercará a la jubilación la generación de la explosión de la natalidad, que tuvo lugar en España a finales de los años cincuenta y en la década de los años sesenta del siglo pasado». ¿Pero se puede abogar por una reforma y a la vez quedarse en el banquillo de la inacción? Al parecer sí. De hecho, paradójicamente, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, dijo que el Gobierno «está muy cerca de los deseos y de las reivindicaciones de quienes se manifiestan hoy [por ayer]». Indirectamente, el Ejecutivo encontró el respaldo del Banco de España, las cajas de ahorros (CECA) y la OCDE sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones, aunque estas insitituciones piden más ambición en los cambios. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, puntualizó que la propuesta enviada por el Gobierno al pacto de Toledo de elevar de 65 a 67 años la edad legal de jubilación «contribuiría de forma significativa al equilibrio financiero del sistema de pensiones», mientras el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, puso el dedo en la llaga: «España necesita ajustes muy fuertes, que conllevan sacrificios importantes». Jesús Bárcenas, presidente de Cepyme [la patronal de la pequeña y mediana empresa], añadió que el Ejecutivo «se ha equivocado» en plantear inicialmente la reforma de las pensiones fuera del Parlamento. Sin embargo, en su opinión« los sindicatos necesitan la manifestación porque es parte de su libertad y es una válvula de escape para enfrentar su credibilidad ante la sociedad». El presidente de Fomento Nacional del Trabajo, Joan Rosell, defendió abiertamente que la cuantía de pensión sea calculada con la cotización de toda la vida laboral, en lugar de los últimos quince años, como ocurre en la actualidad. Rosell recoge así la idea del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. (Expansión 24/02/2010)
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