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Martes 26 de Abril de 2016

Mantener a los funcionarios ya cuesta más que antes de la crisis

 El Gobierno, que prevé hacer un ajuste este año de 2.000 millones para reducir el déficit, ha anunciado para unos días antes de la nueva convocatoria electoral, la devolución del 50% de la paga extra pendiente a los empleados públicos. Esto significa un desembolso de unos 550 millones en los ministerios y de al menos 2.000 millones en total para el conjunto de las administraciones.

Este reintegro, unido a la revisión salarial del 1% en este ejercicio y el cambio de política de personal con nuevas incorporaciones, elevará drásticamente la masa salarial pública. La tendencia es muy distinta a la del sector privado. Es decir, los administradores tienen una situación salarial y laboral muy distinta a la de los administrados.

En 2015, año electoral con más empleo público y con la devolución del 50% de esa paga, se han desbocado las cifras. La congelación de las nóminas por quinto año consecutivo, tras la reducción media del 5% en 2010, no ha impedido que el total de las remuneraciones salariales públicas hayan alcanzado los 118.699 millones, según los datos de Contabilidad Nacional (cuentas no financieras de los sectores institucionales). Esta masa salarial no corresponde sólo a los salarios, son también las cotizaciones y, por ejemplo, los complementos por antigüedad. Se trata del coste laboral para el contribuyente e incluye a los tres millones de personas que cobran del erario público. Entre ellos se encuentran, funcionarios, personal laboral, empleados de las diversas empresas públicas, fundaciones o entes. Y, también, cargos políticos y la cohorte de asesores.

Esta masa salarial ha subido un 3,3% en 2015, casi 3.800 millones más que en el ejercicio precedente. Se debe al repunte de 73.200 empleos (sobre todo en las Comunidades Autónomas) respecto al año anterior, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Desde 2008 no se registraba una masa salarial similar. En todo caso, esos 118.699 millones superan en 11.000 millones, un 10,5%, lo que costaba para el contribuyente el personal público al inicio de la crisis en 2007 (107.445 millones).

Mientras tanto, la masa salarial en este año en el sector privado (empresas financieras y no financieras) se ha situado en 346.746 millones, 22.000 millones (-6%) por debajo del conjunto de las remuneraciones en 2007. Ha crecido un 4,2% respecto al año anterior. El alza se debe al aumento de 433.000 empleos netos. Sin embargo, la subida de la masa salarial en las administraciones es del 3,3% con sólo 73.000 personas empleadas más. Lo que confirma las diferencias salariales con el sector privado, y evidencia dónde se ha producido la bajada de sueldos reales y los efectos de la precariedad.

Además, con estas cifras de la Contabilidad Nacional se puede calcular el coste medio de los empleados públicos y privados. La conclusión es que cada trabajador del sector público tiene un coste medio salarial de 39.566 euros mientras que en el sector privado llega a los 28.924. Lo que significa que contratar a un empleado público es casi un 37% más caro (10.642 euros) que en una empresa privada. Cuando empezó la crisis, la diferencia era del 27%.

La diferencia en la evolución en el empleo es también sustantiva en ambos sectores. Así, las Administraciones Públicas tienen ahora 38.200 asalariados más que en al inicio de la crisis (3.007.700 en 2015 frente a 2.969.500 en 2007). Por su parte, aún quedan por restañar casi 2,2 millones de empleos en el sector privado respecto a 2007 que han desaparecido. En ese año había 14,2 millones de asalariados y ahora no llegan a 12 millones con el añadido de que las condiciones laborales son distintas ahora.

Uno de cada cinco personas cobra del Estado

Todo ello ha llevado a que los asalariados públicos representen en 2015 el 20% del total en España. Es decir, uno de cada cinco personas en edad laboral cobra de cualquiera de las diversas administraciones. Sin embargo, esa proporción era del 17,4% al inicio de la crisis. En estos nueve años de crisis, la masa salarial ha caído en cinco ejercicios en las empresas privadas, frente a sólo en tres en el sector público. Con esta estadística se comprueba además que el ajuste laboral empezó en el sector privado en 2009 mientras que en el público empezó de manera incipiente en 2010.

La masa salarial de la función pública consiguió un techo de 125.564 millones en 2009 cuando los partidos colocaron a cuántos pudieron en las administraciones. En los primeros años de la crisis aparecieron casi 300.000 empleados públicos. La cifra de 2015 es un 5% aún inferior. Sin embargo, el sector privado consiguió ese techo en 2008 con 394.236 millones, luego se produjo la hecatombe laboral que llegó a tres millones de puestos desaparecidos, y las remuneraciones siguen en 2015 por debajo en casi 50.000 millones, un 12% menos, siete puntos peor que el dato público.

Esos 118.699 millones de gasto en personal público en 2015 equivalen a la recaudación conjunta por IRPF (72.345 millones), Impuesto de Sociedades (20.645 millones), Impuestos Especiales (19.147 millones) y a una décima parte de la de IVA. Representan el 65% del total de la recaudación tributaria de España (182.009 millones). Y que no se ha corregido su proyección creciente se comprueba con el siguiente dato: esa masa salarial equivalía en 2007 el 10,2% del PIB y ahora alcanza el 11%. Por si fuera poco, representa el 25,5% del total del gasto público (468.056 millones). Se trata del mismo porcentaje que se producía en 2007 y ha sido prácticamente el mismo a lo largo de toda la crisis.

Según el informe Government at a Place 2015 (panorama de las Administraciones Públicas) de la OCDE, España tiene menos funcionarios que la mayoría de los 34 países más desarrollados del mundo. Las administraciones españolas acumulan el 13,1% de empleo de la población activa frente al 19% en la OCDE. Sin embargo, España dedica mucho más gasto público a pagar estas nóminas, 25,5% frente al 22,9% en esos países. Lo que quiere decir, uno de cuatro euros de gasto público a pagar a fin de mes a los asalariados en lugar de actuar sobre otras políticas generadoras de actividad para facilitar un mayor crecimiento económico y empleo en los sectores productivos.

España ocupa el cuarto lugar en el ránking de países europeos que mayor porcentaje de gasto público tiene comprometido a fin de mes para sus empleados públicos. Países como Noruega y Dinamarca dedican más que nuestras administraciones, el 30%, pero tienen al 32% de su mercado laboral en la nómina pública frente al 13% español. Por ejemplo, Grecia gasta casi un punto menos que España en este personal e Italia casi siete puntos menos.

(El Mundo 26/04/2016)

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