Miércoles 7 de Mayo de 2014
El Diario Oficial de Galicia (DOG) hizo pública ayer una disposición de la Consellería de Facenda en la que se anuncia que tanto la Intervención Xeral de la Xunta como la Axencia Tributaria de Galicia han acordado la anulación y la baja en el proceso de contabilidad de todas aquellas liquidaciones en período ejecutivo y cuya deuda pendiente por recaudar arroje un importe inferior a los tres euros.
Esto afectaría, aproximadamente, a unos 394 ciudadanos, según los datos del ejercicio anterior, que dejaron de abonar la insignificante cantidad de 432 euros. Es decir, que la deuda media se situaría ligeramente por encima del euro. Se trata de una práctica que se repite todos los años y que, con frecuencia, ponen en marcha todas las Administraciones, tanto la del Estado como diputaciones, ayuntamientos y autonomías.
El objetivo no es otro que evitar una situación que conduce al absurdo. Es decir, que el coste que supone para el poder público tratar de cobrar esa cantidad exceda con mucho el importe que se reclama.
Así lo recogía recientemente un anuncio del BOE para la Administración del Estado: «Hay que evitar actuaciones recaudatorias que presupongan un nulo provecho para la hacienda pública o para el cumplimiento de los fines encomendados a la Administración pública. Este es el caso de las liquidaciones cuya exacción genera unos costes superiores a los recursos que potencialmente pudieran derivarse de aquellas». Y la decisión de Facenda responde exactamente a esa filosofía.
Solo la luz, el papel, el personal o cualquier otro concepto superan con creces el importe medio adeudado en estos casos, que apenas excede el euro. Y lo mismo ocurre a la inversa: es decir, que el ciudadano se gasta más dinero en el proceso de pagar la deuda que en saldar las cuentas con la Administración. En Galicia, el Cixtec es el organismo informático que ejecuta las aplicaciones de cancelación.
(La Voz de Galicia 07/05/2014)
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