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Lunes 3 de Diciembre de 2012

CCOO exige que la no revalorización de las pensiones llegue al Constitucional

Los sindicatos están enfadados por la decisión que tomó el Consejo de Ministros el viernes: no actualizar las pensiones y, en consecuencia, que los más de 8,3 millones de pensionistas pierdan poder adquisitivo. Ya el mismo día amenazaron con movilizaciones para protestar por la medida. Al mismo tiempo, CCOO puso a trabajar a sus servicios jurídicos. Dos días después la organización liderada por Ignacio Fernández Toxo ha concluido que la decisión es inconstitucional. Así que en los próximos días van a acudir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que recurra al Tribunal Constitucional el decreto publicado el sábado en el BOE, explica su responsable de Seguridad Social, Carlos Bravo.

Los juristas de CCOO defienden que no revisar las pensiones en 2012 de acuerdo con el IPC de noviembre es quitar a los pensionistas un derecho que han acumulado desde enero. Por tanto, según explican, se viola el principio de irretroactividad “de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales”, como dice el artículo 9.3 de la Constitución.

Explica Bravo que esta situación no es igual a la del año pasado, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió congelar las pensiones. Lo que hizo el anterior Ejecutivo fue suspender el punto de la Ley General de Seguridad Social que garantiza cada ejercicio la revalorización de las pensiones según el IPC previsto en los presupuestos ya en enero de 2011, así que los pensionistas no comenzaron a generar el derecho desde comienzos del año. En consecuencia la suspensión del punto siguiente (lo que hizo el Gobierno el viernes) no suponía problema constitucional, según el argumento sindical.

En el escrito que está preparando CCOO, también aparecerá uno de los razonamientos que empleó la Defensora del Pueblo cuando rechazó la petición de los sindicatos de llevar al máximo tribunal el decreto de recortes de julio. Entonces, pese a la negativa, recomendó al Gobierno que a la hora de eliminar la paga extra de los funcionarios en este mes de diciembre, tuviera en cuenta el momento en que se devengaba, ya que eso le podía ocasionar problemas jurídicos.

“La potestad legislativa del Gobierno no alcanza para establecer normas con carácter retroactivo que produzcan resultados restrictivos o limitativos de los derechos”, explica Bravo, “esta decisión del Gobierno es contraria a la Constitución”.

A diferencia de los partidos políticos, los sindicatos no pueden acudir directamente al Tribunal Constitucional para recurrir una norma cuando consideran que no se ajusta a derecho, tienen que pedirle a la Defensora del Pueblo, la exdiputada popular Soledad Becerril, que lo haga. No obstante, la Defensora tiene potestad para decidir si finalmente lo hace o no.

(El País, 03/12/2012)

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