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Lunes 23 de Diciembre de 2013

Hacienda pone el foco en las pensiones de otros 30.000 retornados gallegos

Lejos de remitir el conflicto, todo hace presagiar que arreciará con fuerza. Hacienda prevé a lo largo del 2014 reclamar a otros 30.000 emigrantes retornados gallegos que tributen por las pensiones no declaradas desde el 2008 tras sus años como cotizantes en el extranjero. Esa es al menos la previsión que manejan los trabajadores de la Agencia Tributaria en la comunidad gallega, según las fuentes consultadas. Esta cifra se suma a los 20.000 retornados que ya han sido este 2013 objeto de investigación, lo que ha generado un enorme debate social.

En un inicio, Hacienda había abierto expediente, de forma que no solo reclamaba las cantidades no declaradas, sino que imponía el pago de unos intereses y una sanción. El pasado mes de septiembre, por unanimidad, la Cámara gallega aprobó una resolución en la que instaba a Hacienda a dejar de multar a los jubilados, al estar muchos de ellos desinformados. Montoro, gracias a la intermediación de la titular de Facenda, Elena Muñoz, anunció que se estudiaría caso a caso. Pero poco más se ha sabido. Mientras la UE todavía no se ha pronunciado sobre si los retornados con pensión del extranjero deben tributar en España, Hacienda ya ha recaudado este año en Galicia más de 3,5 millones de los 25.000 emigrantes.

La normativa en vigor sobre IRPF establece que todo «aquel residente fiscal residente en España debe declarar las rentas que obtenga en cualquier parte del mundo». Con unos 800.000 retornados en España en esta situación, y unos 150.000 gallegos, según estima Hacienda, surge la pregunta de por qué no se reclamó antes la declaración. La Agencia Tributaria lo atribuye a un mejor flujo de información disponible. Las asociaciones de afectados entienden que existen sentencias que contradicen el criterio de Hacienda. Y se apoyan en cuatro dictadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el 2010.

En ellas se establece que lo percibido por cotizar en el extranjero no estaría sujeto a tributación, porque las pensiones son de carácter público, con independencia de que su origen proceda de un trabajo en la Administración o del sector privado. Con todo, los retornados, antes que nada, deben averiguar si el país del que se cobra la pensión tiene suscrito un convenio con España para evitar una doble imposición, que es donde se establece si el emigrante debe tributar en el país de origen del subsidio o en el de residencia. Lo mayoría de países que acogieron a los gallegos sí tienen estos acuerdos con España.

INICIATIVA NACIONALISTA

Esta semana, el BNG presentó en la Cámara gallega una propuesta -rechazada por el PP- para modificar la tributación del IRPF de los retornados. «É inxusto e discriminatorio que un pensionista, en calidad de emigrante de volta, ingrese 1.100 euros ao mes e sexa obrigado a pagar 1.465 euros ao ano en concepto de IRPF, cando outra persoa coa mesma pensión, sen ser retornado, está exento de facer a declaración; por iso pedimos igualdade de trato ante Facenda», explica la diputada Tereixa Paz.

Los nacionalistas proponen cambios en la ley para alcanzar la exención en aquellos casos de pensiones de retornados que no superen los 22.000 euros anuales. Una medida que cuenta con el respaldo de las plataformas de afectados, quienes creen que, en tiempos de crisis, debe ahorrarse sufrimiento y angustia a miles de retornados que viven con ingresos muy justos, tal y como sostiene Manuel Domínguez, uno de los portavoces de coordinadores gallegos. «Sen cambiar esta ley non se fai nada; non chega con que quiten as sancións porque hai unha discriminación evidente», sostiene.

(La Voz de Galicia, 23/12/2013)

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