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Miércoles 9 de Diciembre de 2015

La nueva ayuda a parados no llega ni al 10% de los previstos

Algo no ha funcionado en el diseño o en la gestión de la nueva ayuda para parados de larga duración con cargas familiares que las comunidades están concediendo desde el pasado 15 de enero. El número de beneficiarios del denominado Programa de Activación para el Empleo ascendía en octubre a 27.776 desempleados. Es más, lejos de aumentar, el colectivo de perceptores de esta ayuda –consistente en 426 euros al mes durante un máximo de seis meses y acompañada de un itinerario de formación individual– está descendiendo desde julio.

Así, desde que la ayuda entró en vigor hace casi un año, el número de concesiones fue aumentando hasta llegar a un máximo de 56.573 beneficiarios en verano, pero desde entonces no ha hecho más que disminuir. Con ello, el número medio de perceptores no llega a 40.000, lo que supone que no están recibiendo esta ayuda ni el 10% de los 400.000 beneficiarios que previeron el Gobierno, los sindicatos y la patronal cuando diseñaron y pactaron este programa.

Desde la Administración aseguran que el motivo de que no haya más beneficiarios es que no hay tanta gente como la que se esperaba que cumpla los requisitos para acceder a esta ayuda.

Para compensar los requisitos exigidos, la ayuda incluía como novedad que sus beneficiarios pudieran compatibilizar hasta cinco meses el cobro de los 426 euros mensuales con un trabajo por cuenta ajena. Y que el empresario descontará de su salario la cuantía de esta ayuda. Tampoco esta posibilidad está ampliando el potencial de participantes.

Mucho menos gasto

Por ello, de seguir a este ritmo el programa habrá beneficiado cuando llegue al final de su vigencia en abril de 2016 a poco más de 120.000 trabajadores, frente a los 400.000 previstos.

Igualmente, el gasto definitivo en estas ayudas quedará algo por encima de los 220 millones de euros, muy lejos de los entre 1.000 y 1.200 millones que habían calculado que se iban a gastar en el momento de poner en marcha el programa.

Ante esta situación, los sindicatos solicitaron ya hace meses al Ministerio de Empleo que rebajara los requisitos para acceder a esta ayuda, algo a lo que se negaron desde el Gobierno.

Fuentes sindicales aseguran que una de las cuestiones que podría estar frenando la concesión de más beneficiarios es que muchos de los solicitantes, tras agotar los subsidios vinculados a los servicios públicos de empleo, empiezan a cobrar las rentas mínimas que conceden muchas comunidades a personas sin recursos y estas rentas son incompatibles con esta nueva ayuda. En este punto, aseguran que sería más conveniente para la reinserción laboral del parado que se incorporara al programa de activación, que incluye un itinerario formativo, que el cobro sin más que una renta mínima. Es más, la duración máxima de este programa es de seis meses, pero las acciones de inserción pueden continuar realizándose con posterioridad a este plazo.

Los sindicatos también creen que la gestión que está haciendo cada comunidad de esta ayuda contribuye a su mayor o menor éxito, ya que, por ejemplo, el 60% beneficiarios residen en Andalucía, Valenciana y Baleares, cuando estas tres comunidades solo concentran el 40% de los parados de muy larga duración que perdieron su empleo hace más de dos años.

(CincoDías, 09/12/2015)

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