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Lunes 24 de Abril de 2017

La recaudación fiscal de la Xunta cae al nivel más bajo de la última década

 La Administración gallega ingresó el año pasado 552,3 millones por el cobro de impuestos autonómicos, según los últimos datos actualizados de la Consellería de Facenda. Esa cantidad supone una caída del 8,6 % respecto al ejercicio anterior y la cifra de recaudación fiscal más baja de la última década. La crisis que arrancó con el estallido de la burbuja inmobiliaria desencadenó un brusco desplome de los ingresos como consecuencia de la intensa contracción de la actividad económica.

Según los datos de la serie histórica, los ingresos tributarios se habían situado en el 2008 en 804 millones. Solo un lustro después, en el 2013, se cerraba el ejercicio con una recaudación de 566,2 millones, lo que suponía una caída del 30 % en tan solo cinco años.

El 2014 marca por vez primera una mejoría en los ingresos, que alcanzan los 623,7 millones, un dato que está condicionado por un plan de control antifraude que permitió aflorar unos 50 millones. Eliminado ese sesgo, la recaudación, según Facenda, se situaría en 573 millones. Fue en el 2015 cuando se alcanzó la mejor cifra de ingresos desde el estallido de la crisis, al lograrse 604,9 millones.

Los últimos datos que maneja la Xunta, relativos al cierre del 2016, muestran la recaudación más baja de la década, pero que es atribuible, en gran medida, a la rebaja del impuesto autonómico que grava las sucesiones y donaciones, y que entró en vigor precisamente el 1 de enero de ese mismo año pasado.

El descenso

Esa es la estrategia que ha defendido el Gobierno de Alberto Núñez Feijoo, la de rebajar la fiscalidad para favorecer el dinamismo económico cuando la recuperación de los ingresos lo permitiera. La recaudación por las herencias cayó el pasado año un 17 %. La última rebaja aprobada permite recibir un legado por vía directa sin que se paguen impuestos en el 99 % de los casos, ya que quedan exentas todas las sucesiones inferiores a 400.000 euros por heredero.

«O efecto da baixada de impostos será aínda maior neste 2017, xa que no primeiro semestre do 2016 aínda se liquidaron centos de herdanzas dos últimos meses do 2015, anteriores polo tanto á entrada en vigor da baixada fiscal. Isto é así porque dende o momento en que se produce a sucesión hai seis meses para realizar a autoliquidación. Pero no 2017 todas as herdanzas por vía directa beneficiaranse da rebaixa fiscal», aclaran desde la consellería que dirige Valeriano Martínez. En términos homogéneos, el efecto de la bajada fiscal en el primer año de aplicación, según los propios cálculos de la Xunta, tuvo un impacto recaudatorio de 41 millones.

Otros aspectos

El balance de impuestos autonómicos también muestra un descenso de casi el 13 % en la recaudación del tributo que grava las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados y que obedece, principalmente, a la bajada fiscal en el medio rural -que también fue aprobada en el 2016- y al efecto del plan especial de la lucha contra el fraude.

La Axencia Tributaria Galega (Atriga) llevará también a cabo otro programa de inspección con el que prevé aflorar unos 20 millones.

Los principales focos de ocultación son personas que no declaran bienes recibidos en herencias o que exceden el límite en patrimonio y tampoco lo declaran. El propio presidente de la Xunta ha defendido siempre su apuesta por combatir el fraude fiscal y hacer aflorar recursos antes que subir los impuestos a las clases medias. Algo que argumentó incluso en plena crisis económica y antes de que se iniciara la recuperación económica en el 2014.

La mejoría redunda en el descenso de la morosidad y de las solicitudes para aplazar los pagos

La mejoría económica y la recuperación de los ingresos es lo que ha permitido a la Xunta bajar impuestos, pero también ha tenido un reflejo en otros aspectos. Por ejemplo, el pasado año 2016, cayó en un 20 % el número de gallegos que se habían acogido a la posibilidad de aplazar el pago de impuestos. Hace ahora justo un año, la Administración autonómica amplió el límite para que los contribuyentes pudiesen acogerse al aplazamiento o fraccionamiento de un determinado impuesto sin necesidad de presentar una garantía, una medida que tenía un doble objetivo; por un lado, asegurarse el cobro de deudas tributarias; y, por otro, dotar de mayor liquidez a las familias. La Axencia Tributaria Galega incrementó este límite de 18.000 a 30.000 euros, lo que significaba que, por debajo de esa cantidad, no había que presentar un aval, con independencia de que el proceso se hallara en el período de pago voluntario o en el ejecutivo. La mejoría económica también ha tenido un efecto en el descenso de la morosidad. El pasado año cayó un 5,6 % en el que fue el segundo descenso consecutivo. Los contribuyentes gallegos adeudan a la Administración autonómica 99,7 millones de euros en impuestos no pagados, según los últimos datos de Facenda.

 

(La Voz de Galicia 24/04/2017)

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