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Viernes 9 de Junio de 2017

El Constitucional anula la amnistía fiscal y deja en evidencia a Montoro

 El pleno del Tribunal Constitucional ha anulado, por unanimidad, la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012. La sentencia considera que el decreto ley por el que se aprobó el indulto fiscal es inconstitucional ya que no era el vehículo adecuado para aprobar esta medida, que legitimó el fraude. El tribunal avala, sin embargo, las declaraciones que hicieron los más de 31.000 contribuyentes para regularizar el dinero evadido. Por eso, la sentencia apenas tiene efectos prácticos, pero supone un duro varapalo político al Ejecutivo de Mariano Rajoy y en concreto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro

La amnistía fiscal supone el mayor borrón en el expediente del ministro de Hacienda que más tiempo ha ocupado ese cargo en España. Cristóbal Montoro anunció el indulto fiscal en la primavera de 2012 y desde entonces la polémica medida ha ido acumulando reveses. El último procede del Tribunal Constitucional, que este jueves ha declarado nulo el decreto-ley con el que el Ejecutivo lo aprobó. La sentencia explica que este no es el vehículo normativo adecuado para impulsar decisiones que “afecten a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria a la que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.

Además, el texto contiene un duro varapalo al Gobierno al que acusa de “abdicar” en su obligación de contribuir para sostener los gastos públicos: “La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”, señala.

La decisión del tribunal, a raíz de un recurso presentado por el PSOE, no tiene efectos prácticos porque avala las declaraciones que sirvieron para que los evasores pusieran en orden su situación fiscal. Pero la sentencia contiene una carga de profundidad al señalar que la amnistía “viene a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir”.

En síntesis, el tribunal viene a decir que el indulto de Montoro legitima el fraude fiscal.La amnistía, bautizada eufemísticamente como Declaración Tributaria Especial (DTE), fue diseñada por el Gobierno del PP para que aflorara, en uno de los peores momentos de la crisis, el dinero que los defraudadores habían ocultado al fisco. En ese momento, la recaudación se desplomaba, el déficit público estaba descontrolado y el país sufría los ataques de los mercados disparando la prima de riesgo a máximos históricos, lo que le abocó al rescate.

Hacienda abrió la puerta a la regularización blanda. Los evasores solo tenían que pagar el 10% de las cantidades defraudadas para quedar limpios. Aún así, la medida no era suficientemente atractiva para los contribuyentes y el Gobierno tuvo que suavizarla aún más. Permitió regularizar pagando solo por los rendimientos no prescritos, los últimos cuatro años. Y provocó que los afectados solo tuvieran que abonar el 3% del total de las cantidades eludidas para quedar en regla con el fisco, sin necesidad de pagar intereses de demora, ni recargos adicionales por no haber liquidado cuando les correspondía. Además, el Gobierno les ofreció cierta seguridad al blindar a los evasores de investigaciones penales por regularizar el dinero oculto.

Rechazo de los inspectores

La amnistía recibió enseguida el rechazo de los partidos de la oposición, sindicatos y organismos internacionales como la OCDE. Incluso los inspectores de Hacienda, habitualmente prudentes en sus comunicados, calificaron la medida de inconstitucional. A pesar de todas las facilidades brindadas por Hacienda, el resultado fue un fracaso. La Agencia Tributaria solo ingresó poco más de 1.200 millones de euros, la mitad de los 2.500 millones que había previsto.

Desde Hacienda aseguran que el Constitucional avala la regularización aunque no la norma. El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, comparecía este jueves en el Senado cuando se difundió la sentencia del Constitucional. “El Gobierno ha cumplido con su obligación e hizo lo que tenía que hacer”, ha señalado al finalizar su intervención. El responsable de Hacienda subrayó que la sentencia no tiene consecuencias prácticas. “Incide en el instrumento normativo empleado pero deja también plena constancia del aval de las regularizaciones, lo que discute es el instrumento normativo empleado”, ha insistido. “Por lo cual”, ha añadido, “no tiene consecuencias”.

Fernández Moya ha evitado entrar en más consideraciones al asegurar que desconocía el detalle de la sentencia que se acababa de publicar pero recordó que la Agencia Tributaria lanzó a finales del año pasado notificaciones masivas a los declarantes de la amnistía fiscal para avisarles de que las investigaciones sobre este proceso no caducan.Hacienda ha inspeccionado solo a un tercio, unos 3.545 contribuyentes, de los más de 31.000 ciudadanos que se acogieron a la amnistía fiscal. En esas comprobaciones ha detectado unos 250 millones de euros defraudados, según reconoció Montoro hace unas semanas en el Congreso.

(El País 09/06/2017)

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